Los extranjeros que buscan piso en España no solo se topan con una oferta escasa y unos precios de alquiler por las nubes, muchas agencias y propietarios aprovechan su posición de ventaja para aplicar prácticas de racismo inmobiliario que les dificultan el acceso a la vivienda. Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG han registrado este miércoles en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) para reclamar al Gobierno medidas para atajar la discriminación residencial. Los grupos parlamentarios —en nombre de 47 entidades sociales, encabezadas por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, Provivienda, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la Coordinadora de Asociaciones Senegalesas de Cataluña y Red Acoge — exigen, entre otros puntos, regular los requisitos máximos que se pueden pedir para alquilar o comprar una casa, sancionar prácticas de exclusión inmobiliaria o facilitar los procesos denuncia de los víctimas.
