El 16 de mayo de 2019, una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía francesa desembocó en la detención de José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, en una localidad gala al pie de los Alpes, Sallanches. El considerado último gran jefe de ETA llevaba entonces 17 años huido. Tras su arresto, los agentes localizaron 14 dispositivos informáticos en la solitaria cabaña cerca del Mont Blanc en la que se escondía. Un informe de la Guardia Civil sobre estos equipos realizado dos años después de la caída de Urrutikoetxea ―y que no había transcendido hasta ahora― revela que Josu Ternera, de 74 años, guardaba en ellos contenido muy dispar: desde documentos de la organización terrorista que apuntalan las acusaciones de la justicia contra él a archivos de voz del exdirigente etarra leyendo cuentos en euskera, cursos de idiomas, recetas de cocina y fotografías con familiares y amigos tomadas cuando estaba huido.
Las causas pendientes de Urrutikoetxea
Josu Ternera tiene una causa pendiente en Francia en la que se le imputa un delito de asociación de malhechores con fines terroristas ―el equivalente al delito de integración en organización terrorista del Código Penal español― por su presunta pertenencia a ETA entre 2002 y 2005. Urrutikoetxea ya fue condenado en ausencia en 2010 a siete años de cárcel por estos hechos, pero el exjefe etarra lo recurrió tras su arresto y el Tribunal de Apelación de París le dio la razón y ordenó devolver el sumario al juez de instrucción para que comenzase de nuevo todo el proceso.
En España, su panorama judicial es más complejo. Cuando fue detenido en 2019, la Audiencia Nacional reclamó su entrega por cuatro sumarios. De ellos, solo dos han seguido adelante contra él. Uno es por el atentado de la casa cuartel de Zaragoza, de 1987, que dejó 11 muertos (incluidos seis menores y dos embarazadas) y 88 heridos, y por el que la Fiscalía le pide 2.354 años de prisión como presunto integrante de la dirección etarra que ordenó colocar el coche bomba que causó esa masacre. El otro es por la financiación de ETA a través de las herriko tabernas, la causa a la que se ha incorporado el informe sobre sus dispositivos electrónicos.
Además, Urrutikoetxea es uno de la veintena de antiguos miembros de las sucesivas cúpulas de la banda que están siendo investigados por la Audiencia Nacional al reactivarse diversas causas para tratar de dilucidar la presunta responsabilidad de todos ellos como “autores mediatos por dominio” —una especie de inductores intelectuales de los crímenes al tener el control total de la organización— de crímenes cometidos cuando ocupaban un puesto en la dirección de ETA. En el caso de Josu Ternera, se admitió contra él, en enero de 2022, una querella por el coche bomba en la T-4 del aeropuerto de Madrid que mató a dos personas y que puso fin a la tregua de la banda en diciembre de 2006. En todos estos casos, Ternera ha negado su participación.
