Elegir los jueces en las urnas fue solo el arranque hilo conductor de un cambio de gran calado a la Justicia en México. La presidenta, Claudia Sheinbaum, envió al Congreso en pleno festejo del Día de la Independencia una propuesta de reforma a la Ley de Amparo. La figura es considerada desde hace décadas como una forma de cobijar a los ciudadanos frente a los abusos de las autoridades. La propuesta presidencial viene cargada con un efecto expansivo que pone topes a las suspensiones temporales que den, de alguna manera, oxígeno a empresas y al sector privado. También dificulta que los jueces frenen el bloqueo de cuentas impuesto por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (el Ejecutivo) y desaparece suspensiones contra detenciones por prisión preventiva oficiosa. La iniciativa ha generado críticas entre los especialistas en Derecho y reacciones de la oposición.
